Un anciano de 83 años apareció muerto en su casa un viernes, con un golpe en la cabeza. La escena fue en Lanús Oeste y el caso sacudió al barrio. Meses después, la investigación llegó a juicio: dos jóvenes enfrentarán al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Avellaneda-Lanús por el homicidio. No es una causa más. Detrás hay una familia que espera respuestas, una comunidad que pidió explicaciones y un expediente que nació con una hipótesis clara: un robo que terminó mal.
El tribunal que tomará el caso es el que trata delitos graves en la jurisdicción Avellaneda-Lanús. Su tarea será revisar pruebas, escuchar testigos y decidir si los acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte del vecino. Hasta que haya sentencia, rige el principio de inocencia. Pero el proceso oral, con testigos y peritos frente a los jueces, es donde todo se define.
El caso y la investigación
El hombre vivía solo y fue encontrado sin vida en su vivienda, con un traumatismo en la cabeza. Ese dato guió las primeras horas de trabajo policial y judicial. La línea de investigación inicial fue una posible entradera o intento de robo. No es raro: cuando la víctima aparece con signos de violencia y dentro de su domicilio, los investigadores revisan si faltan objetos, si hubo forzamiento de puertas o ventanas, y si la escena muestra señales de lucha.
En causas como esta, la autopsia es clave. Define la causa de muerte, la hora aproximada y si hubo más lesiones compatibles con un forcejeo. También indica si intervinieron una o más personas. A la par, los peritos suelen levantar huellas, rastros biológicos y buscar coincidencias en cámaras de seguridad públicas y privadas, además del análisis de líneas telefónicas y posicionamientos de antenas. Con esa combinación de pruebas, la fiscalía arma el mapa de la noche del crimen.
La pesquisa avanzó hasta identificar a dos sospechosos, ambos jóvenes. Tras la etapa de instrucción y la elevación a juicio, el expediente quedó en manos del TOC 4. La clave en el debate será entender qué pasó puertas adentro: si entraron a robar y golpearon al dueño de casa, si hubo resistencia, y si la agresión fue directa o consecuencia de la situación violenta. Son matices legales, pero cambian todo cuando se decide la pena.
El contexto barrial también pesa. En los últimos años, los vecinos de la zona reportaron episodios de “entraderas” y robos a casas con adultas y adultos mayores como víctimas, algo que empuja a la Justicia a moverse rápido. Pero rapidez no significa precipitación: llegar a juicio con una hipótesis sólida requiere pruebas duras, no sólo sospechas.
Qué se juzga y qué puede pasar
La fiscalía llevará al debate una calificación penal que, por lo que se conoce del expediente, gira en torno a dos figuras del Código Penal: homicidio en ocasión de robo (robo seguido de muerte) o homicidio agravado si se demuestra que la agresión buscó asegurar la impunidad del robo. La diferencia no es menor: la primera prevé de 10 a 25 años de prisión; la segunda, perpetua. Para la defensa, el objetivo será discutir la autoría, la intención y la cadena de evidencias.
¿Cómo se prueba un caso así? Testimonios de vecinos que escucharon ruidos o vieron movimientos, pericias de la escena, registros de cámaras, análisis de celulares y, en ocasiones, rastros genéticos. No se trata sólo de “estar cerca” del lugar: la Justicia necesita trazar una secuencia clara que conecte a los imputados con el hecho, en tiempo y lugar, y sin fisuras metodológicas.
El juicio oral tiene un guion conocido, que busca transparencia y contradicción de pruebas. En términos simples, el proceso incluye:
- Lectura de la acusación y planteos preliminares.
- Declaraciones de testigos y peritos de ambas partes, con posibilidad de repreguntas.
- Incorporación de evidencia material y documental.
- Alegatos finales de fiscalía, querella (si la familia se constituyó) y defensa.
- Deliberación y veredicto del tribunal; luego, la fijación de pena si hay condena.
Hay un punto sensible cuando la víctima es una persona mayor: los peritos analizan si la violencia aplicada fue “idónea” para causar la muerte y si hubo aprovechamiento de la vulnerabilidad. Esto puede agravar la mirada del tribunal, sobre todo si aparece un patrón de ataque (golpe dirigido, maniobras de reducción) que excede la “violencia típica” de un arrebato.
Otro aspecto será la trazabilidad de los objetos. Si faltaron pertenencias y se detecta su venta o tenencia posterior, eso robustece la hipótesis de robo. Si, en cambio, no hay faltantes y la violencia es desproporcionada, puede entrar en juego la figura de homicidio agravado por otros motivos. El diablo está en los detalles periciales.
En la Provincia de Buenos Aires, estos debates pueden realizarse ante jueces profesionales o con jurado popular, según el tipo de delito, la pena en juego y las decisiones procesales de las partes. En cualquiera de los esquemas, la exigencia probatoria es alta: no alcanza con sospechas, hace falta convicción más allá de duda razonable.
Para la familia del vecino, el juicio es, además de un reclamo de justicia, una instancia de reparación simbólica. Su participación como particular damnificado permite proponer pruebas, impugnar decisiones y sostener una acusación junto con la fiscalía. Para los imputados, es el momento de ejercer plenamente su defensa, presentar su versión y contradecir las pruebas en su contra.
En las próximas semanas, el tribunal avanzará con el cronograma de audiencias y el orden de testigos. La sentencia no llega en un día: los jueces necesitan escuchar, contrastar y deliberar. El resultado puede ir desde la absolución por falta de pruebas hasta una condena dura si la fiscalía logra probar su caso. Lo que se decida en Avellaneda-Lanús impactará de lleno en un barrio que todavía recuerda el viernes en que un vecino no volvió a abrir la puerta.
